Fuerte informe de la ONU: Bachelet culpa al gobierno de Maduro por violaciones de derechos humanos a gran escala

La oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, advirtió que “existen motivos razonables para creer que se han cometido graves violaciones de los derechos económicos y sociales” en Venezuela, según detalla un amplio informe publicado este jueves en el que además denuncia la existencia de tortura y tratos inhumanos contra personas detenidas por el ejercicio de sus derechos civiles.

El documento de 18 páginas detalla la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra la población venezolana en medio de la crisis política y social que arrastra el país.

Según el asediado gobierno de Nicolás Maduro, el informe omite en su totalidad los logros y avances alcanzados en materia de derechos humanos y presenta una visión “distorsionada, selectiva y abiertamente parcializada” sobre la situación.

“El Gobierno (del asediado presidente Nicolás Maduro) se negó a reconocer la magnitud de la crisis hasta hace poco y no adoptó las medidas apropiadas”, apunta la ONU en sus conclusiones aseverando además que el país “ha adoptado e implementado una serie de leyes, políticas y prácticas que han restringido el espacio democrático”.

El informe dedicó un apartado sobre las “detenciones arbitrarias, torturas y malos tratos”.

Cita cifras de la ONG Foro Penal y documenta la detención de “por lo menos 15.045 personas” entre enero de 2014 y mayo de 2019.

“Al 31 de mayo de 2019, 793 personas seguían privadas arbitrariamente de libertad”, indica.

La ONU informó además sobre “135 casos de personas (23 mujeres y 112 hombres) privadas arbitrariamente de la libertad entre 2014 y 2019”.

En algunos de estos casos documentados “se sometió a las mujeres y los hombres detenidos a una o más formas de tortura” con “la aplicación de corriente eléctrica, asfixia con bolsas de plástico, simulacros de ahogamiento, palizas, violencias sexuales, privación de agua y comida, posturas forzadas y exposición a temperaturas extremas”, detalla el documento.

Señala como responsables de estas prácticas al Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) y a la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM).

Ambas instituciones, según el informe de la ONU, “recurrieron de manera habitual a esas medidas para extraer información y confesiones, intimidar y sancionar a las personas detenidas”.

El informe cita cifras proporcionadas por el Ministerio Público venezolano que indican al menos “72 denuncias por supuesta tortura y otros malos tratos” y unas “174 personas detenidas en el contexto de protestas entre 2017 y 2019”.

Apunta la ONU haber documentado “casos de violencia sexual y de género contra mujeres y niñas durante su detención”.

En otros aspectos sobre la situación de los Derechos Humanos en el país, el organismo asevera haber registrado “casos de ejecuciones extrajudiciales” en medio de operativos policiales.

El informe revela 5.287 muertes violentas en esa categoría, según información oficial. El número contrasta con las provistas por la ONG Observatorio Venezolano de la Violencia (OVV) que notificó “por lo menos 7.523 muertes violentas de esa categoría”.

En cuanto a la vulneración de Derechos Políticos y Civiles, advierte sobre la aplicación por parte del Gobierno de “leyes y políticas que han acelerado la erosión del estado de derecho y el desmantelamiento de las instituciones democráticas”.

Denuncia además “represión selectiva” contra opositores, disidentes y familiares de estos.

“Familiares también son víctimas de amenazas de muerte, daños adicionales a sus familias, vigilancia, intimidación y hostigamiento”, señala el informe que detalla el trato particular hacia las mujeres.

“…las mujeres son sometidas a violencia sexual y de género y humillación en sus visitas a centros de detención”, apunta.

Según el informe, el Gobierno asegura que “no hubo muertes durante las manifestaciones en 2018. Reportaron que 29 personas fueron muertas entre enero y mayo de 2019”. La información es contrastada con el reporte que cita a su vez del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social que “registró 14 muertes en el contexto de manifestaciones en 2018” mientras que el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos “registró 66 muertes entre enero y mayo 2019”.

Sobre la actuación de los órganos de seguridad del Estado, implica a “la GNB (Guardia Nacional Bolivariana) y la PNB (Policía Nacional Bolivariana) en el “uso excesivo de la fuerza en manifestaciones al menos desde 2014 y señala a las FAES (Fuerzas de Acciones Especiales) de ser “presuntamente responsables de numerosas ejecuciones extrajudiciales en operaciones de seguridad.

También hace mención de los llamados “los colectivos chavistas”, grupos de civiles armados que según el informe “apoyan a las fuerzas de seguridad en la represión de manifestaciones y de la disidencia”.

En otros aspectos sobre vulneración de derechos civiles, la ONU señala que “el Gobierno ha tratado de imponer una hegemonía comunicacional (…) creando un ambiente que restringe los medios de comunicación independientes”.

Documentó además “detenciones arbitrarias de personas por expresar opiniones en redes sociales”. Haciendo referencia a datos de la ONG Espacio Público, indica que se “han registrado detenciones arbitrarias y cargos penales contra 55 personas por publicaciones en medios sociales”.